Francia tambalea por culpa de unos chalecos

La economía francesa ha presentado un débil desempeño en los últimos años: con un exiguo crecimiento promedio de 1,23% para el período 2010-2017, se ubica en el penúltimo lugar entre los países del G7 en lo que respecta a la recuperación de la crisis subprime (2009), siendo la nación gala superada con holgura por países como Alemania y Estados Unidos en esta dimensión. De manera análoga, mientras Alemania y Francia tenían una tasa de desempleo cercana al 8% a principios de la década pasada, este indicador bordea en la actualidad el 4 y 10%, respectivamente. De ahí que la necesidad de dar un golpe de timón en el rumbo económico fuese un elemento esencial de la elección presidencial de 2017

De la mano de un programa de gobierno modernizador en términos económicos y comprometido con la Unión Europea, Emmanuel Macron se impuso por amplio margen a la candidata euroescéptica Marine Le Pen en la segunda vuelta. Así, pese a las marcadas tensiones políticas, surgió la expectativa de que Francia podría enmendar sus circunstancias en los próximos años. En la práctica, las cosas se han demostrado más difíciles de lo que se anticipaba.

Flexibilización laboral y responsabilidad fiscal

Con el objetivo de dinamizar la economía y reducir el desempleo a 7% hacia el final de su mandato, el Presidente Macron se propuso eliminar importantes rigideces del mercado laboral tras su arribo al Palacio del Elíseo. Así, a solo cuatro meses de haber asumido su cargo y por medio de decretos legislativos, introdujo una reforma laboral que destaca por haber establecido un tope a las indemnizaciones por despidos injustificados, las que antes, al estar sujetas solo al criterio de los jueces, eran una fuente importante de incertidumbre. Además, la reforma otorgó a las compañías multinacionales la facultad de realizar despidos colectivos ante resultados deficientes en sus filiales francesas, independientemente de cómo les vaya a este tipo de compañías a nivel global.

Otro elemento significativo de dicha legislación es que ahora empresas y trabajadores cuentan con más espacio para negociar aspectos fundamentales, como las remuneraciones y jornadas laborales, las que antes estaban fuertemente predeterminadas por convenios sectoriales. Los cambios atacaron algunos problemas estructurales de un mercado laboral desalineado con la realidad económica actual. En el largo plazo todo indica que fortalecerán la economía francesa.

La disminución de la deuda pública, la cual equivale al 99% del PIB, es otra de las prioridades del gobierno francés. De tener éxito en esta tarea, el Estado, las empresas y las familias podrán acceder a condiciones de financiamiento más favorables, lo cual contribuiría positivamente a la actividad económica. Adicionalmente, cuantiosos recursos que hoy se destinan al pago de intereses quedarían disponibles para ser utilizados en políticas sociales, lo que es un segundo elemento positivo de la administración Macron.

Para mejorar la situación de las arcas fiscales, y reconociendo las virtudes de la iniciativa privada, la actual administración ha propuesto un ambicioso plan de privatizaciones, el cual contempla la venta total o parcial de las participaciones del Estado en una importante compañía del sector energético y en los dos principales aeropuertos de París. Paralelamente, el gobierno pretende suprimir 120.000 empleos públicos durante su gestión, para reducir el elevado gasto fiscal. Este tercer pilar viene a hacerse cargo del lastre que está significando el Estado para la economía.

Escenario político adverso

Como era esperable, las medidas del gobierno motivaron manifestaciones por parte de algunos sindicatos y funcionarios públicos, las que fueron lideradas en reiteradas ocasiones por Jean-Luc Mélenchon (abanderado de la izquierda radical en la primera vuelta de los comicios presidenciales del año 2017). Por su parte las corrientes más nacionalistas, lideradas por Le Pen, además de oponerse al proyecto europeo y a la política migratoria del Presidente Macron, se mostraron contrarias a las privatizaciones. No obstante, las críticas de Mélenchon y Le Pen no fueron suficientes para desestabilizar los planes del gobierno.

Todo parece indicar, sin embargo, que la agenda económica de la administración Macron deberá realizar ajustes a causa de la crisis de los «chalecos amarillos». Si bien en un comienzo este movimiento surgió como respuesta al anuncio del incremento del impuesto a los combustibles -política que por cierto es congruente con la urgencia de enfrentar el cambio climático-, ahora también incluye a quienes desde sus distintas orientaciones políticas se oponían a la gestión del Presidente Macron.

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